Esta política presenta los compromisos, lineamientos y protocolos orientados a la protección de esta población. Por lo tanto, constituye nuestra declaración formal para aportar a la construcción de educación para la paz desde un enfoque de derechos. En este sentido, una de nuestras prioridades es generar prácticas que sean coherentes con la protección de los derechos de la población en condición de vulnerabilidad, particularmente en niños, niñas y adolescentes (NNA).