La historia de Educapaz se remonta a 2014, cuando un grupo de particulares y representantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil comprometidos con la educación en Colombia comenzaron a reunirse para intercambiar puntos de vista. En medio de estos intercambios se empezó a vislumbrar un proyecto conjunto que sirviera para posicionar la educación en la agenda nacional, como un eje de la transformación social.

En enero de 2016 se inició la consolidación del Programa Nacional de Educación para la Paz, que se constituyó formalmente como alianza de organizaciones y personas, con el apoyo  estratégico, técnico y financiero de Porticus (una organización filantrópica europea). Las organizaciones que se unieron fueron: Fe y Alegría de Colombia; la Fundación Escuela Nueva; la Fundación para la Reconciliación; el Programa Aulas en Paz; el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep/ PPP); y posteriormente la Pontificia Universidad Javeriana Cali. En cuanto a las personas, Francisco de Roux, S. J., Bernardo Toro, Enrique Chaux y Óscar Sánchez integraron el grupo fundador inicial.

Este grupo, preocupado por la naturalización de la cultura violenta en toda Colombia y por la ausencia de oportunidades educativas en los territorios rurales en crisis prolongada —especialmente impactados por las economías ilegales y el conflicto armado—, iniciaron su trabajo por el mejoramiento del sistema educativo colombiano para consolidar una paz profunda y duradera.

La firma del Acuerdo de Paz de 2016 generó un gran entusiasmo entre las organizaciones que hacen parte de Educapaz, así como en diferentes sectores de la sociedad colombiana, y el resultado del plebiscito de ese año, aunque doloroso, renovó el compromiso. Era claro que se requería de una acción articulada entre el Estado, la sociedad civil, organizaciones sociales y el sector privado, para la consolidación de la paz en Colombia. Había que avanzar en la implementación del Acuerdo y, específicamente, en la puesta en marcha de una educación integral intercultural y de calidad en el mundo rural (en adelante, educación rural) y la formación de una generación de paz, mediante la priorización, en todo el sistema educativo, de la educación ciudadana, para la reconciliación y socioemocional (educación Crese, según el acrónimo que adoptamos).

Teniendo en cuenta esta realidad, el Programa se ancló en la idea de que la firma de la paz representaba en ese momento un hito de suma importancia para generar aquellas transformaciones estructurales tan necesarias en nuestro país, y en el papel relevante de la educación en los procesos de consolidación y mantenimiento de la paz.

Las personas y organizaciones socias sumaron entonces sus saberes en dos resultados esperados, en las líneas de educación rural y Crese: de un lado, la transformación pedagógica en aulas y comunidades educativas específicas; y del otro, el fortalecimiento de unas políticas públicas territoriales y nacionales que incluyeran las voces del movimiento sociocultural de educación para la paz.