Seamos realistas: pidamos lo imposible.

Aunque la propuesta de Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 incluye la mejora de la educación rural del país, queda la sensación de que el Gobierno nacional está pecando de hiperrealista y evita comprometerse con cambios realmente ambiciosos. ¿Será otra oportunidad perdida?

«Seamos realistas, pidamos lo imposible», frase del filósofo Herbert Marcuse, se convirtió en uno de los lemas más inspiradores del movimiento estudiantil francés de mayo de 1968, el mismo que puso a tambalear los valores tradicionales de la V República y que, en opinión de algunos, cambió al mundo. Aunque a través de las décadas ha sido interpretada y reinterpretada en infinidad de ocasiones, aquella frase se convirtió en una especie de mantra que ha inspirado a líderes de todo el mundo, convencidos de que los macroproyectos que se adelantan como sociedad no pueden pecar de hiperrealismo, que estos deben tener algo de utópicos partiendo no tanto de la sociedad que somos como de la sociedad que queremos ser.

La historia viene al caso ahora, cuando el Gobierno nacional se prepara para presentar ante el Congreso de la República su Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022: Pacto por Colombia, pacto por la equidad. Dentro del primero de los múltiples pactos sectoriales que allí se plantean, hay un capítulo dedicado a la educación: Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos. Se trata, en últimas, de la hoja de ruta que guiará las acciones de la administración de Iván Duque en el tema, así como de la descripción de lo que este imagina que le entregará al país al final de su periodo.

¿Qué tipo de educación tiene en mente el presidente? Más allá de las generalidades, la buena noticia es que Duque presidente, contrario a Duque candidato, la educación rural sí tiene cabida. De hecho, uno de los objetivos de su PND es «reducir [las] brechas y mejorar el acceso y la calidad de la educación inicial, preescolar, básica y media en las zonas más apartadas del país», para lo cual, entre otras cosas (ver recuadro), plantea una Política de educación rural cuyos lineamientos, ya elaborados por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), acertadamente hablan de primera infancia en el campo, alimentación, transporte e infraestructura, educación ciudadana en el contexto rural, proyectos pedagógicos productivos, articulación de la educación media y superior rural, educación superior pertinente y accesible en lo rural, planes territoriales e intersectoriales pensando en lo rural, alfabetización para estos territorios… ¡Enhorabuena!

A pesar de esto, la actual propuesta no parece ser un proyecto ambicioso para transformar sustancialmente la realidad educativa del campo colombiano: que esta apuesta tan solo ocupe media página, tres párrafos y 332 palabras dentro de un literal de un subcapítulo dentro un extenso documento como lo es el PND, habla del carácter tangencial que tiene el tema, lo cual contrasta con la política educativa presentada por el MEN, la cual tiene en la educación rural uno de sus pilares estratégicos: ¿Acaso aún hace falta integrar la política del Ministerio en el Plan? ¿Será que la primera terminará desfinanciada u opacada una vez sea aprobado el segundo? ¿El Gobierno espera que la una desarrolle al otro? Son preguntas —quizás alertas— que con el tiempo se tendrán que ir decantando para saber el real alcance de la apuesta del Ejecutivo por la educación rural.

Preocupa, también, que algunas de las metas diferenciales para lo rural no sean tan ambiciosas como podrían ser: elevar levemente la tasa bruta en educación media y el tránsito inmediato de bachilleres rurales a la educación superior, incluso por debajo del mejoramiento urbano esperado, ampliaría las brechas en lugar de cerrarlas. Y si bien es meritorio que se proponga que el porcentaje de colegios rurales con alto rendimiento en Saber 11 mejore más rápido en lo rural que en lo urbano, sigue siendo indispensable fijar metas para el mundo rural disperso y no solo para todo el campo, pues de lo contrario lo más lejano seguirá siendo con seguridad lo que menos mejore.

En el texto, además, se extrañan los incentivos para que los mejores estudiantes trabajen en zonas rurales dispersas, étnicas y afectadas por el conflicto, la ampliación de la presencia del SENA en estas regiones, la inclusión dentro de los criterios de selección de docentes rurales el liderazgo social y la pertenencia territorial además de los académicos, así como proyectos estructurales para ampliar el acceso de los jóvenes bachilleres excluidos de la educación superior en el país rural. Pero quizás la mayor ausencia dentro del PND que presentará al Gobierno nacional sea la etnoeducación: aunque en este borrador hay un apartado sobre el tema, con buenos datos sobre cobertura, todavía no tiene una idea precisa de etnoeducación o interculturalidad en la educación. Vale la pena revisar este capítulo, reconociendo el mérito de que tenga espacio en el documento de bases.

El PND que presentará el Gobierno hace un acertado diagnóstico de la educación del país en general y de la educación rural en particular, y aún es posible ajustar sus falencias. En ese sentido, hay razones para el optimismo. Tan solo hace falta saber si el Gobierno se va a conformar con lo mínimo o estará dispuesto a ser realista y, en consecuencia, a pensar en lo imposible.