Política de educación rural: una deuda pendiente

Educapaz es una de las organizaciones que participa en el proceso de co-construcción de la política pública integral de educación rural, liderada por el Ministerio de Educación.

Una política pública es mucho más que planes, presupuestos, documentos y normas; las políticas, de hecho, no siempre están escritas y en ocasiones se reducen a la decisión de hacer algo o incluso de no hacer nada. En Colombia, por ejemplo, históricamente se ha tomado la decisión de hacer poco o nada por la educación rural, creando políticas públicas esporádicas, de corto plazo, erráticas y usualmente concentradas en la ruralidad más cercana a las ciudades, pero ignorando en gran medida a la población realmente dispersa, a los territorios étnicos y a las zonas más afectadas por el conflicto armado.

No es de extrañar, entonces, que el país necesite con urgencia una política pública para la educación rural de alto rango jurídico que sea estructural, largoplacista y, sobre todo, que esté financiada, para así poder llegar con los recursos necesarios a las poblaciones que más lo requieren.

De allí las expectativas que generó el anuncio del Ministerio de Educación Nacional (MEN), en Noviembre de 2018, comprometiéndose a sacar adelante una política integral en el temay a construirla de manera participativa con las entidades territoriales, las instituciones de educación superior, los establecimientos educativos y con organizaciones sociales y comunitarias con probada experiencia en el asunto.

Cali, Ocaña y Florencia, en los departamentos de Valle de Cauca, Norte de Santander y Caquetá, respectivamente, fueron los lugares escogidos para la primera etapa de este ejercicio de construcción colectiva. Allí, entre el 27 y el 29 de  mayo, el MEN instaló una serie de talleres y mesas de trabajo de las que participaron diversas organizaciones no solo de los mencionados municipios sino de toda la región. Educapaz fue uno de los actores presentes.

En estas jornadas se avanzó en la generación de acciones estratégicas para la articulación de actores, así como la identificación de posibles rutas innovadoras de intervención para cada una de las nueve líneas temáticas que ha priorizado el Gobierno nacional: Primera infancia, Bienestar y acceso, Emprendimiento y empresarialidad, Educación media, Educación superior, Mejoramiento de la calidad, Intersectorialidad e institucionalidad, Gestión institucional y de conocimiento, y Educación multicultural e inclusiva.

Aunque se abona la voluntad del Gobierno nacional en general y del MEN en particular, el camino aún es largo y los antecedentes no invitan a un desbordado optimismo: incluso si logran sacar adelante la política pública integral de educación rural, aún nada garantiza que esta, contrario a sus antecesoras, sí vaya a incluir las medidas necesarias para superar los obstáculos estructurales y llevar una educación de calidad a las zonas más vulnerables (ver recuadro); aún nada asegura que vaya a gozar de una amplia aceptación política y social que la haga viable, y aún nada hace creer que esta tendrá los recursos y la voluntad para ser correctamente implementada. No sería la primera vez.

Lo que nos debemos preguntar es si Colombia puede soportar otro fracaso. Para Óscar Sánchez, coordinador nacional de Educapaz, la respuesta es clara: «Si seguimos aplazando el tema, si no nos tomamos en serio las oportunidades de formación y desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes de las zonas rurales, si seguimos sin apostarle a hacer un cambio generacional ofreciendo oportunidades que no existen para estos muchachos, Colombia no va a tener paz y se va a reinventar la guerra, como lo ha hecho muchas veces a lo largo de décadas y siglos»