A un año del acuerdo de paz: ¿Qué ha pasado con la educación?

Poco más de 400 días han transcurrido desde aquella bogotana mañana de noviembre en la que el presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño firmaron el Acuerdo de paz. Desde entonces, el país ha pasado por tensos debates políticos, polémicas discusiones judiciales, avances, retrocesos y decenas de interrogantes sobre el presente y futuro del posconflicto. La educación, afortunadamente, no ha sido ajena a estas preguntas ni a las evaluaciones que acompañaron el primer aniversario de la histórica firma; lo desafortunado ha sido el pobre balance en la implementación de los compromisos adquiridos. 

Esta fue una de las revelaciones más preocupantes que dejó el Foro Internacional de Cultura y Educación en Derechos Humanos: Una Transformación hacia la Paz, evento realizado los pasados 4 y 5 de diciembre por el Ministerio de Educación y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, del que fueron protagonistas maestros, estudiantes, artistas, servidores públicos, periodistas, organizaciones sociales, sobrevivientes del conflicto, excombatientes y expertos en el tema. Fue precisamente uno de estos últimos, Óscar Sánchez, director de Educapaz, quien puso el dedo en la llaga al revelar que de los dieciocho puntos del Acuerdo que hablan sobre educación rural y educación para la ciudadanía, tres están en un nivel de implementación mínima y quince ni siquiera han empezado a ser implementados. 

Pero el problema va mucho más allá del cumplimiento o no de los puntos pactados: la verdadera gravedad del asunto radica en que el país olvidó —o quizás ignora— que la escuela también vivió el conflicto en todas sus facetas y, como tal, en esta se tienden a replicar las mismas dinámicas excluyentes y conflictivas de la sociedad. Así lo entiende Daisy Aparicio, representante de la Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria y otra de las panelistas del evento, para quien ni la reconciliación, ni la reincorporación de los excombatientes, ni la reparación a las víctimas serán viables mientras sigamos teniendo escuelas que no están en condiciones de recibirlos, no solo porque muchas de ellas no tienen la infraestructura necesaria o están alejadas de las zonas rurales en donde gran parte de esta población se asienta, sino porque “parecen más interesadas en convertir estudiantes en trabajadores antes que en buenos ciudadanos”

Estas transformaciones, por supuesto, requieren de un importante esfuerzo financiero por parte del Estado, esfuerzo que todavía se queda corto, por decir lo menos. De hecho, en palabras de Sánchez, “con el actual ritmo de inversión que tiene el Estado (…) tardaríamos 850 años en implementar el Acuerdo”. El argumento fiscal no puede seguir siendo la excusa del Estado que impide la plena implementación del Acuerdo, especialmente porque este ignora lo que se retorna con la paz y lo que se ahorra con el fin de la guerra: “Un soldado sigue valiendo al año 19 millones de pesos, mientras que un estudiante vale 1 millón 200 mil pesos (…) Llevamos 30 años en que no se construye una universidad pública en este país, pero se han construido miles de batallones militares”, sentenció, con seguridad, Aparicio. 

Al final del evento quedó claro que educar para la paz va mucho más allá de una cátedra; implica un esfuerzo deliberado de transformación de las creencias, los conocimientos y sobre todo de las actitudes de las personas. Si no, como claramente lo expresó la joven Daisy, seguiremos teniendo “una escuela del Siglo XIX, maestros del Siglo XX y estudiantes del siglo XXI”.